Los restos del presidente chileno Salvador Allende (1970-1973) serán exhumados este lunes en el Cementerio General de Santiago para tratar de resolver los misterios que aún rodean su muerte, ocurrida el 11 de septiembre de 1973 durante el golpe de Estado de Augusto Pinochet.
Un equipo de expertos integrado por siete peritos chilenos y cinco extranjeros participarán en la diligencia, ordenada por el juez Mario Carroza y que cuenta con el visto bueno de la familia del exgobernante socialista.
Salvador Allende falleció el 11 de septiembre de 1973 en el Palacio de La Moneda, que ardía tras ser atacado por tierra y aire por militares golpistas que apoyaron al general Pinochet.
La versión más difundida de los hechos, aceptada incluso por la familia de Allende, es que el mandatario se mató disparándose en la barbilla con un fusil de asalto AK-47 que le había regalado el líder cubano Fidel Castro.
Esta explicación está respaldada por el testimonio de los médicos Patricio Guijón y José Quiroga, colaboradores de Allende, quienes sostienen que presenciaron el instante en que se volaba la cabeza en el salón 'Independencia', en el ala noreste del segundo piso de La Moneda.
Sin embargo, también han surgido dudas respecto de la veracidad de esta versión y han aparecido hipótesis que sugieren que Allende pudo ser asesinado o que falló al suicidarse y tuvo que ser rematado por uno de sus colaboradores más cercanos.
Está última tesis es la que defiende el escritor y periodista chileno Camilo Taufic, quien tras investigar la muerte de Allende durante varios años llegó a la conclusión de que la causa de la muerte del exmandatario fue un "suicidio asistido", según reveló a Efe.
Taufic sostiene que Allende se pegó un tiro con una pistola pero quedó malherido, por lo que fue un miembro de su guardia personal, los llamados "GAP" (Grupo de Amigos Personales), quien lo remató en un "acto de solidaridad humana y política".
Refuerza esa posibilidad un informe del año 2008 del experto forense Luis Ravanal, que detectó anomalías en el análisis de la autopsia de Allende, realizada pocos días después de su muerte, y llegó a la conclusión de que el cráneo recibió dos impactos de armas de calibres diferentes.
Según ese informe, hay un orificio de entrada en la zona superciliar derecha y uno de salida redondeado en la zona posterior de la bóveda craneana que no coinciden con un disparo efectuado por un fusil, pero que podrían corresponder al de una pistola o un revólver.
Tras su muerte, el cuerpo de Allende fue sometido a una necropsia antes de que sus restos fueran trasladados a la ciudad costera de Viña del Mar, a unos 125 kilómetros de Santiago.
En 1990, con la recuperación de la democracia, el cadáver fue exhumado y trasladado de nuevo a la capital, donde descansa hasta el día de hoy en un mausoleo del Cementerio General. En esa ocasión se le realizó además una segunda autopsia.
Mañana, sin embargo, la exhumación no irá acompañada de una nueva autopsia al cadáver del exmandatario, sino que será sometido a otros peritajes para tratar de dilucidar las causas de su muerte.
Entre los expertos extranjeros que participarán en las pericias se encuentra el tanatólogo español Francisco Etxeverría, que ha colaborado en otros procesos para identificar en Chile a opositores de la dictadura (1973-1990).
También estará la doctora Mary Luz Morales, de Colombia; la doctora Douglas Ubelaker, de Estados Unidos, el perito balístico David Pryor, del Reino Unido, y Luis Fondebrider, presidente del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
A ellos se sumará un equipo pericial multidisciplinario chileno, encabezado por el doctor Patricio Bustos, director del Servicio Médico Legal (SML).
El caso del mandatario de la Unidad Popular (UP) se encuentra entre las 726 querellas por violaciones a los derechos humanos que fueron presentadas en enero pasado por la fiscal Beatriz Pedrals ante el juez especial Mario Carroza, en su calidad de representante del Ministerio Público Judicial.
Las causas presentadas corresponden a casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura de Pinochet respecto de las cuales no se habían abierto antes acciones judiciales.
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